Agenda política

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- Caso Oaxaca: ¿requesón inminente?
Esta semana Oaxaca acapara la discusión política en los medios entre los focos rojos que empuercan los vasos comunicantes de la política nacional. Todo tiene que ver con una trampa en la que cualquiera de las dos posibles salidas tiene costos políticos de amplia dimensión. Si cae un gobernador puede caer un presidente. Si se reprime con saldo rojo a un movimiento radical que quiere lo primero y podría avocarse a lo segundo; si se hereda la sangre de un sexenio a otro, nace contaminada la gobernabilidad de un aparato mal parado, una presidencia aún más débil que la anterior en sus últimos 18 meses.

Abascal desde Gobernación avisa que se llegó a un punto “grave” y advierte que el orden regresará a Oaxaca.

El caso Oaxaca es uno de los focos rojos en la política nacional, y algunos aventuran sobre las manos negras que mecen laboratorios políticos, sin que se identifique bien a bien a los cerebros.

En el periódico La Crónica de Hoy, del martes pasado, la columnista Regina Santiago dice que “han sido son cada vez más los análisis que coinciden en señalar que Oaxaca es hoy un laboratorio estrechamente ligado con la radicalización del movimiento de López Obrador. e interpreta que Felipe Calderón “es presidente electo, pero sectores radicales dentro y fuera de la política formal buscan cercarlo y ensayan mecanismos que hagan creíble la consigna de que le van a impedir gobernar. A las voces de sus antiguos adversarios electorales se suman mensajes del narcotráfico y presiones de dentro y fuera del país que pretenden imponer condiciones. Se implementan estrategias de propaganda y contra-propaganda que utilizan incluso el lenguaje simbólico del terror para generar la percepción de ingobernabilidad”, y puntualiza que “desde distintos frentes se intenta ablandar a Calderón para imponerle una agenda y los colaboradores que aseguren su cumplimiento. Hay presiones para reventar sus intentos de diálogo con diversas fuerzas políticas tratando de atemorizarlo a él, a sus negociadores y a sus interlocutores”.

Apunta la analista que “en la construcción de mensajes de esa primera plana, el diálogo entre la Segob y la disidencia oaxaqueña apareció como rehén de grupos radicales. El elemento clave en ese manejo fue la fotografía de un hombre golpeado, atado, arrodillado, humillado ante sus captores y exhibido ante una multitud reunida en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Ese hombre era un empleado gubernamental que enfrentó el juicio sumario de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) por tratar de impedir la toma de sus oficinas. Reforma tituló su nota "Impera la ley salvaje (de la APPO)"… Agregó en un recuadro: “Y en Segob… sólo platican”.

Análisis un tanto folclóricos e incluyentes como el de Gilberto DíEstrabau de El sol de México, quien ve metidos en el caso Oaxaca “… sin jerarquizar (SIC), el Gobierno federal, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Convergencia, el presidente constitucional Fox, el presidente electo Calderón, el secretario Abascal, el gobernador Ulises Ruiz, el diputado José Murat, el senador Gabino Cué; todos los exgobernadores oaxaqueños, empezando por Diódoro Carrasco, el Senado de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa...y cuanto bicho siglado que quiera usted nominar, hasta acabarse el alfabeto en versales y versalitas. Si se busca el mínimo común denominador de la arlequinada, los maestros quieren más dinero y menos gobernador, porque éste les quitó 422 millones de subsidio. De ahí pa'lante, todo el mundo como San Sebastián, en cueros de banda” (SIC).

El columnista Carlos Ramírez, en su Indicador Político del 29 de septiembre, es más específico en sus señalamientos de cabezas y organizaciones visibles, y conviene citar: “Ninguna de las organizaciones que mantienen secuestrada a la ciudad de Oaxaca representa en realidad a corrientes sociales. Todas ellas se formaron y consolidaron a la sombra de los gobiernos priistas, sobre todo los de Diódoro Carrasco y José Murat. Y el conflicto busca sustituir al gobernador Ulises Ruiz por un representante de los intereses de Carrasco o Murat.

”La sección 22, por ejemplo, fue consolidada por prestaciones políticas otorgadas por el gobierno de Heladio Ramírez López, acrecentadas por gobiernos posteriores. Y la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca está conformada por grupos que se nutrieron de recursos presupuestales sin entregar resultados tangibles".