Hoy sabemos que Calderón ha declarado lo que llama una “guerra” a ciertos grupos de narcotraficantes, término que precisamente dio inicio a estas entregas y que en esta la octava busca regresar al punto que es el cuestionamiento de la participación del Ejército en esta guerra contra el narcotráfico, misma que se convalidó en la más reciente reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), la última semana de mayo, que prácticamente la respalda. Esta política de militarización de las acciones contra el narcotráfico es justificada a cada paso por Felipe Calderón, y quienes lo respaldan, apoyándose en el Artículo 89 Fracción VI de la Constitución, al señalar que es facultad del Presidente de la República disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea del Ejército terrestre, de la Marina de guerra y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y exterior de la federación. “Asimismo, la interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las TESIS P/XXVII/96 Y P/XXX/96, en las cuales se asienta que es constitucionalmente posible que el Ejército y Fuerza Aérea puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles”, como hace unos días se invocó en un documento. Si bien es cierto que este argumento parte esencialmente de la incapacidad o rebase de las corporaciones policiacas que son encargadas propiamente de esta labor, sea por la rampante corrupción en todos los niveles o porque no se tiene insumos comparables a los utilizados por los narcotraficantes, desde contrainteligencia hasta capacidad de movilización y armamento. Sin embargo, aunque estuviera justificada por la Constitución esta incursión castrense a las calles de cada vez más ciudades del país, se está soslayando una sensibilidad política a la memoria histórica, propia y ajena, que advierte de los riesgos del contacto entre los militares y la sociedad y del desgaste de una imagen que hoy por hoy, guarda cierto prestigio ante la opinión pública. Esta fricción, que va de lo emocional a lo físico, es decir la intimidación visual de los piquetes de soldados y retenes, hasta el ejercicio mismo del micropoder en una situación de contacto como el cateo de un automóvil, que tiene como consecuencias incidentes como el sucedido el fin de semana en Sinaloa, con civiles atacados a tiros cuando no se detuvieron apropiadamente en un alto militar. Tres mujeres y dos menores, fueron abatidos a tiros por soldados en el retén de una carretera en Sinaloa, y poco después un joven de 25 años muere también por disparos de militares, en ambos casos por no haberse detenido los vehículos donde viajaban.
Y claro, allí están los spots publicitarios en al televisión abierta y radio, en que se justifica esta participación del ejército, pero la misma percepción de esta necesidad evoca una imagen en la que se percibe un Estado de excepción, por mera inferencia. Aunque ya fueron consignados 19 militares por los hechos en Sinaloa, es una muestra clara de esta confrontación entre el Ejército y la sociedad. Este martes en el programa de radio de Carmen Aristegui, en un debate entre analistas, Lorenzo Meyer, historiador, lo pone muy a las claras: el hecho de tener que circular por el país “teniendo que respetar retenes de esta naturaleza, se entienden que ocurra en Irak, donde han tenido lugar un montón de incidentes, donde por equivocación se mata a los civiles, pero ¿con qué autoridad en el caso de México un grupo de militares dispara contra un vehículo civil nada más porque no se detiene en el retén?”, se pregunta Meyer, quien se refiere a los comentarios de un legislador que no identifica con su nombre, quien al ser cuestionado sobre esto señaló “pero claro, si estamos en una guerra interna", pero entonces –pide Meyer– ya se diga claramente “que estamos en esa guerra interna y que, las reglas del juego son de tal naturaleza que ahora el Ejército puede llegar a esos puntos y no es único incidente. En Tamaulipas ya se da el siguiente, en realidad con unas horas de diferencia, el llevar acabo una guerra dentro de la población, porque no es una guerra entre un ejército y otro, en donde estén mas o menos identificados los adversarios, es una guerra donde se identifica a uno de los ejércitos y el otro esta metido en un medio en el que domina los civiles, la mayoría de los mexicanos son civiles que no tienen nada que ver con el narcotráfico y es entre ellos en donde tiene que detectarse a los narcotraficantes, pero con un aparato que en principio entrenado, no para sutilezas, sino para acciones contundentes contra un enemigo identificado, pero aquí no lo pueden identificar y no tienen la sutileza que se requiere, que se supone que probablemente la policía lo tenga y los retenes, en particular yo no entiendo mucho la lógica de esto. Para un enemigo que no esta identificado, que no usa uniforme, entonces la manera de aproximarse a el es por la vía de operaciones de inteligencia viendo donde están lavándose los dineros, viendo sus redes empresarios los protegen, qué jueces los protegen, etcétera. Ponerlos en las carreteras, si uno es, supongamos que tu y yo fuéramos narcotraficantes inteligentes, lo ultimo que se nos ocurriría es ir por las carreteras ¿para qué? Entonces, los retenes ¿a quién van a retener? Normalmente a civiles que no tienen nada que ver con los más obvios porque los verdaderos, los profesionales no se van a arriesgar ir ahí y en esos retenes suelen pasar y van a pasar estas cosas. Veía yo la declaración de un senador panista que en el Congreso dice que "bueno, pues qué pena pero así es la guerra". Y para concluir, yo me pregunto ¿esos 16...supongamos también, pongámonos el caso de 3 oficiales y 16 soldados, supongamos que son un capitán o un par de tenientes, a los cuales se les ordena detener y que la revisen, el responsable de este incidente son ellos a los que se les dijo "deténganlos y si la camioneta no se detiene, disparen" o son los que les dieron la orden ¿y quién da la orden en una pirámide perfectamente, si hay una pirámide perfecta de autoridades en el Ejército? El responsable tiene que ser el Secretario de Defensa y sobre todo el Presidente que le da las órdenes al Secretario de Defensa, entonces quienes ponen los retenes son en realidad los responsables de esto. El oficial y el soldado están ahí para actuar en cosa de segundos y la camioneta no se paró, aunque ahora nos dicen claramente que los disparos fueron hechos de frente, bueno pues sí pueden ser hechos de frente porque está quien los hace a unos metros de donde se debía de haber parado, no se para y la manera de detenerla es dispararle de frente, no digo que sean inocentes estos soldados, lo que digo es que si tienen esas ordenes, entonces las cumplen bien”, subraya incisivo el analista político.
Por su parte, Juan Antonio Crespo opina que empiezan a surgir las contradicciones “de esta guerra que a mí me parece desordenada, que no fue bien planeada y, empieza a salirse de control. Este es uno más de los incidentes que refleja que se esta saliendo de control porque dice Lorenzo [Meyer] "qué sentido tiene lo de los retenes para combatir el narco", y efectivamente uno, la forma de combatirlo tendría que ser por otro lado. Sin embargo, está el incidente de Sonora donde camionetas, que vaya parecían tanques, que no tenían placas, que tenían los vidrios oscuros, que cruzaron una buena cantidad de carretera para dirigirse a Sonora y que nadie los retuvo ni nadie los detectó. Agrega Carmen Aristegui que fueron 300 kilómetros de distancia, según el gobernador sonorense, Eduardo Tours, de este recorrido, y Crespo apunta que esta queja de Bours provocó que “cayeran” algunos agentes federales “que no hicieron nada ante lo que parecía que era muy evidente que era una caravana de sicarios. Ahí es donde quizás los retenes podrían tener algún sentido”. Concluye el analista que la estrategia “está mal hecha, les está saliendo mal y, por otro lado, yo pienso, por ejemplo, en los que fueron asesinados. A ti te paran de pronto los militares y algunos ciudadanos pueden decir "bueno pues sí, que me revisen yo no tengo nada que ver", pero si uno ya sabe también que los militares no distinguen o a veces no distinguen entre los sicarios y la población civil como ocurrió en Michoacán, donde de repente, pues agarraron parejo a la hora de interrogar y de llevarse a la gente y hay violaciones a derechos humanos, pues te da miedo, como normalmente le da miedo a cualquier ciudadano mexicano ver la policía; te detiene la policía y ya no sabes qué va a pasar, no sabes a dónde te van a llevar, no sabes si te van a extorsionar, entonces si tu estás enterado de que ha habido excesos y abusos de los militares en algunos lados a lo mejor dices "pues me arriesgo, yo me sigo no creo que me disparen, en cambio si me detengo no sé donde voy a ir a parar, ni cómo me va ir, aunque sea yo inocente, aunque yo no tenga nada que ver con el narco".
Ya se empieza a salir de control este asunto”. Denisse Dresser aporta que ya se están presenciando los “daños colaterales” y casi cotidianos –señala– de la lógica de utilizar al Ejército para combatir al narcotráfico, y este tema de los abusos cometidos por el Ejército no es un tema nuevo ni especifico para México, como lo decía con claridad Lorenzo Meyer, sacar el ejército a las calles tiene costos, se viven en Irak todos los días, en cuanto a que existe ya en el ejército una lógica de justificación quizá de violencia contra civiles, en aras de combatir la violencia que a su vez produce el narcotráfico y aquí habría que preguntarse, ¿qué tanto entrenamiento tiene el Ejército Mexicano para lidiar con estas nuevas responsabilidades? Y lo que está evidenciando el asunto de los retenes es que no es así y creo que, ahora, el tema va a tener que ser el deslinde de responsabilidades, el que qué va ocurrir con esas personas, de los militares que ahora van a ser sometido, me imagino, que a un juicio y algo que han reiterado las organizaciones de derechos humanos internacionales preocupante, en el caso de México, es que con frecuencia estos casos de abusos cometidos por los militares, son tratados por la misma justicia militar y no de cara a la opinión publica, no de manera transparente, lo cual lleva a que muchos de estos casos después quedan en el olvido y no sabemos bien a bien sí hubo justicia contra las personas responsables”, acusó la catedrática del ITAM.
Vale la pena entonces detenerse en el análisis de estos peligros a que nos exponen las políticas castrenses, que son grandes tentaciones del ejercicio del poder, pero es apenas la punta de la madeja porque el Ejército también está expuesto a las infiltraciones y las tentaciones como es caso arquetípico y folclórico de Los Zetas.
